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El profesional, uno de los tres médicos generalistas del Puerto Sanitario “A” de esa localidad de El Impenetrable, fue advertido sobre “personas de otro lugar que andaban armadas”, buscándolo. Y si bien ahora la situación es de aparente calma, admitió preocupación por la seguridad personal y de su familia.
“Son hechos que la población de Miraflores conoce muy bien. Todo comenzó por un problema personal mío, cuando reclamaba que me pagaran los sueldos adeudados durante ocho meses. Enteradas de esta situación, las comunidades aborígenes se sumaron para hacer reclamos generales”, relató a NORTE el dueño de una historia de vida ejemplar, coronada hace pocos años cuando en Cuba se recibió de médico generalista, una oportunidad que le brindó el Programa de Médicos Comunitarios.
Al margen de las necesidades evidentes y de los contrapuntos para cumplir las funciones de su profesión, González remarcó la falta de medicamentos y de la estructura necesaria para atender a los 1.000 pacientes que todos los meses llegan al puesto sanitario. O incluso a su casa. “Hay que atender a las comunidades y a las personas que siempre vienen a solicitar ayuda”, reafirmó.
Intimidaciones y agresiones
Según el relato del médico, todo comenzó con reclamos por mejores condiciones sanitarias y habitacionales que unieron a las comunidades de Miraflores, El Espinillo y Castelli. Por entonces, hubo un encuentro con el gobernador Jorge Capitanich y, en ese marco, comenzó un proceso de posible solución. “Será largo pero sabemos que vamos a lograr mejoras porque seguiremos luchando”, garantizó. Al respecto, contó que el primer mandatario chaqueño comprometió su palabra para suministrar agua potable de manera inmediata a comunidades aborígenes de esa zona que no disponían del vital elemento. También en la zona, González valoró el avance de la construcción de viviendas y de varios puestos sanitarios.
Sin embargo, luego de aquellos sucesos el clima se enrareció en algunos sectores de la zona de Miraflores, quizás debido a las consecuencias que surgieron como resultado de esos reclamos. Las agresiones se enfocaron en el médico aborigen y su familia. A tal punto que desconocidos arrojaron piedras en varias oportunidades contra la vivienda de González y una persona en moto intimidó a su esposa y a su pequeño hijo. No fue todo porque además, González fue advertido por personas de su comunidad sobre sujetos armados que intentaban dar con él.
Más medicamentos y especialistas
El Puesto Sanitario “A” de Miraflores atiende por mes, por consultorio y en las guardias, a unos 1.000 habitantes de la localidad sobre una población total de 20.000 personas que viven en toda el área. “Entre los reclamos que hicimos pedíamos más medicamentos y médicos especialistas, no solamente para las comunidades aborígenes sino para todos”, subrayó González.
Aparentemente fue ese reclamo el que generó molestias y, aunque el médico no apuntó a nadie, estimó que podría ser el desencadenante de las amenazas e intimidaciones sufridas por su familia hace pocas semanas. En ese clima enrarecido y sin protección para los suyos -ya que las guardias que debe realizar implican la recorrida por distintos puntos de la zona- perduró a lo largo de unas tres semanas.
El centro sanitario cuenta hoy con tres médicos generalistas, que realizan guardias de 48 y hasta 72 horas. Son necesarios, para cumplir con la atención de la demanda de la población, especialistas en áreas sensibles como pediatría y ginecología. “Otro de los pedidos es la recategorización del puesto y estamos esperando la respuesta del Ministerio de Salud. Tenemos la esperanza de que nos respondan favorablemente”, indicó González.
Por último, rescató la reorganización del sistema sanitario provincial y alentó esperanzas sobre la puesta en marcha de la Oficina de Salud Indígena, un proyecto al que las comunidades aborígenes brindaron su aporte y que ahora debe ser promulgado por el gobierno provincial. “Esto recién está empezando”, concluyó.
Fuente: diario NORTE
El Gran Chaco Americano ocupa una superficie de un millón de kilómetros cuadrados sobre Argentina, Bolivia y Paraguay y en él sobreviven 200 mil integrantes de 15 pueblos originarios. Hoy, representantes de comunidades indígenas de ese territorio se reunirán con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para reclamar por el desmonte y el “genocidio étnico”. El encuentro se realiza en el marco del encuentro trinacional de la Semana de los Pueblos Indígenas, en la que los dirigentes de esas comunidades debaten sobre un problema en común: el incumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales que reconocen los derechos a la tierra de las comunidades contra el avance de la frontera agrícola sojera, las empresas forestales y de hidrocarburos sobre las recursos naturales que mantienen su modo de vida ancestral. El encuentro se realiza hasta el jueves en Buenos Aires con el lema “somos vida, somos tierra, queremos justicia”. Antes de la reunión en la Corte Suprema, Página/12 se reunió con referentes indígenas del Gran Chaco para repasar reclamos y reivindicaciones.
“No podemos vivir peleando unos con otros. Pero hasta ahora los derechos indígenas fueron vulnerados. Por eso, aquí estamos las autoridades originarias de los pueblos de las tres naciones para solicitar a los gobernantes y los magistrados que cumplan con la ley para que podamos recuperar nuestros territorios, nuestra autoestima, nuestra identidad cultural, orgullosos de la herencia de los antepasados y no ya avergonzados como antes”, indicó el referente guaraní Quintin Valerosa Cuellar, de Yacuiba, Bolivia.
El cacique wichí Dino Salas, que llegó desde la localidad salteña de San Ignacio de Loyola para encabezar mañana la reunión con Ricardo Lorenzetti. En el encuentro, los dirigentes llevarán su preocupación por “la excesiva lentitud en los procesos judiciales y administrativos” en temas como el “genocidio étnico” que sufre el pueblo toba en El Impenetrable chaqueño y los desmontes ilegales en la provincia de Salta, problemáticas por las que la Corte Suprema ya se expidió en 2007 y 2009, respectivamente. “A pesar de la declaración de la Corte Suprema de parar el desmonte en cuatro departamentos, venimos a solicitar que se resguarden a las familias que, aún hoy, están amenazadas por desalojo en sus tierras ancestrales”, apuntó Salas.
La demora en el incumplimiento de una orden de la Corte Suprema desató entre los referentes del Gran Chaco el reclamo por la aplicación de las legislaciones nacionales e internacionales que aseguran los derechos preexistentes de los pueblos originarios (ver aparte). Por eso, el coordinador del programa trinacional, Alipio Valdez, indicó que “no hay por parte de los gobiernos un reconocimiento que se traduzca en la titularización de los territorios y las tierras de los pueblos siguen estando sujetas a la expansión de las empresas agropecuarias, forestales y petroleras”. Además, Valdez subrayó que “en el Chaco (Americano) el problema es más grave porque sigue siendo una región marginal para los tres estados”.
Por la riqueza natural que ubica al Gran Chaco como quinta prioridad entre los hábitats más significativos en recursos genéticos y diversidad biológica, según un estudio del Banco Mundial, las actividades extractivas de los recursos naturales se extienden en los tres países. “En ninguno de los tres países los gobiernos consultan a los comunidades antes de que las empresas entren a desmontar para plantar soja, realizar pozos petroleros o comprar tierras para el ganado. Como dicen los políticos, ‘la torta tiene que ser repartida’. El pueblo indígena busca su economía y los gobiernos tienen que facilitárselo”, sentenció Sixto Codutti, representante del pueblo toba de Pampa del Indio, Chaco. “No estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de ningún beneficio que pueda alcanzar a toda la humanidad, pero sí estamos en contra de que no se respete a la Madre Tierra”, aclaró Cuellar, para los escépticos.
Fuente: Pag.12
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