Entradas
Asunción,17 dic (PL) La policía paraguaya sorprendió hoy a la opinión pública al afirmar que, por problemas técnicos, carece de las filmaciones hechas por sus helicópteros durante el sangriento desalojo de campesinos en Curuguaty, el pasado junio.La afirmación representa un duro golpe a las acusaciones del fiscal contra 14 campesinos enviados a juicio ahora acusados de tentativa de homicidio y mantenidos presos durante medio año, mientras las organizaciones sociales proclamaban su inocencia.
El comisario Roque Fleitas, jefe de la Agrupación Aeroespacial policíaca, reconoció la inexistencia, por defectos en los equipos, de las filmaciones oficiales del choque armado en el cual murieron 11 labriegos y seis agentes.
Ello constituiría una importante falta de pruebas y explica las razones del fiscal Jalil Rachid, recusado sin éxito por su amistad con el latifundista propietario de las tierras ocupadas por los campesinos, para admitir su imposibilidad de incluir la acusación de homicidio culposo en su alegato.
Rachid dijo que los labriegos encausados estaban allí, armados y como parte de un plan desestabilizador, pero la falta de filmaciones oficiales no debe permitir, posiblemente, probar dichas acusaciones.
Las cámaras no almacenaron las imágenes de lo sucedido, explicó Fleitas en su declaración y agregó que están consiguiendo técnicos para tratar de "recuperar" imágenes de los chips de esos equipos.
En esas mismas declaraciones puntualizó que los mencionados chips y por supuesto las filmaciones nunca fueron solicitados por la Fiscalía para aportar pruebas de sus imputaciones y permanecen en manos de la policía.
Un informe de una comisión investigadora independiente, encabezada por un jurista español, señaló que francotiradores desconocidos con armas automáticas nunca usadas por los campesinos iniciaron con toda intención el tiroteo matando desde el inicio al líder de los labriegos y a un jefe policial.
El Gran Chaco Americano ocupa una superficie de un millón de kilómetros cuadrados sobre Argentina, Bolivia y Paraguay y en él sobreviven 200 mil integrantes de 15 pueblos originarios. Hoy, representantes de comunidades indígenas de ese territorio se reunirán con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para reclamar por el desmonte y el “genocidio étnico”. El encuentro se realiza en el marco del encuentro trinacional de la Semana de los Pueblos Indígenas, en la que los dirigentes de esas comunidades debaten sobre un problema en común: el incumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales que reconocen los derechos a la tierra de las comunidades contra el avance de la frontera agrícola sojera, las empresas forestales y de hidrocarburos sobre las recursos naturales que mantienen su modo de vida ancestral. El encuentro se realiza hasta el jueves en Buenos Aires con el lema “somos vida, somos tierra, queremos justicia”. Antes de la reunión en la Corte Suprema, Página/12 se reunió con referentes indígenas del Gran Chaco para repasar reclamos y reivindicaciones.
“No podemos vivir peleando unos con otros. Pero hasta ahora los derechos indígenas fueron vulnerados. Por eso, aquí estamos las autoridades originarias de los pueblos de las tres naciones para solicitar a los gobernantes y los magistrados que cumplan con la ley para que podamos recuperar nuestros territorios, nuestra autoestima, nuestra identidad cultural, orgullosos de la herencia de los antepasados y no ya avergonzados como antes”, indicó el referente guaraní Quintin Valerosa Cuellar, de Yacuiba, Bolivia.
El cacique wichí Dino Salas, que llegó desde la localidad salteña de San Ignacio de Loyola para encabezar mañana la reunión con Ricardo Lorenzetti. En el encuentro, los dirigentes llevarán su preocupación por “la excesiva lentitud en los procesos judiciales y administrativos” en temas como el “genocidio étnico” que sufre el pueblo toba en El Impenetrable chaqueño y los desmontes ilegales en la provincia de Salta, problemáticas por las que la Corte Suprema ya se expidió en 2007 y 2009, respectivamente. “A pesar de la declaración de la Corte Suprema de parar el desmonte en cuatro departamentos, venimos a solicitar que se resguarden a las familias que, aún hoy, están amenazadas por desalojo en sus tierras ancestrales”, apuntó Salas.
La demora en el incumplimiento de una orden de la Corte Suprema desató entre los referentes del Gran Chaco el reclamo por la aplicación de las legislaciones nacionales e internacionales que aseguran los derechos preexistentes de los pueblos originarios (ver aparte). Por eso, el coordinador del programa trinacional, Alipio Valdez, indicó que “no hay por parte de los gobiernos un reconocimiento que se traduzca en la titularización de los territorios y las tierras de los pueblos siguen estando sujetas a la expansión de las empresas agropecuarias, forestales y petroleras”. Además, Valdez subrayó que “en el Chaco (Americano) el problema es más grave porque sigue siendo una región marginal para los tres estados”.
Por la riqueza natural que ubica al Gran Chaco como quinta prioridad entre los hábitats más significativos en recursos genéticos y diversidad biológica, según un estudio del Banco Mundial, las actividades extractivas de los recursos naturales se extienden en los tres países. “En ninguno de los tres países los gobiernos consultan a los comunidades antes de que las empresas entren a desmontar para plantar soja, realizar pozos petroleros o comprar tierras para el ganado. Como dicen los políticos, ‘la torta tiene que ser repartida’. El pueblo indígena busca su economía y los gobiernos tienen que facilitárselo”, sentenció Sixto Codutti, representante del pueblo toba de Pampa del Indio, Chaco. “No estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de ningún beneficio que pueda alcanzar a toda la humanidad, pero sí estamos en contra de que no se respete a la Madre Tierra”, aclaró Cuellar, para los escépticos.
Fuente: Pag.12
0 comentarios:
Publicar un comentario