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Desde el 2011 la institución que hoy funciona bajo gestión de la Cruz Roja se convertirá en una escuela de gestión social de los pueblos originarios. La iniciativa toma vigencia a través de un acuerdo entre el gobernador Capitanich e integrantes del Consejo Originario de Organizaciones Sociales y Comunitarias del Gran Barrio Toba.
La Unidad Educativa Privada Nº 30 que funciona en el barrio Toba de Resistencia se convertirá desde el próximo año en la Escuela Provincial Indígena (EPI) N° 1, la primera en el Chaco de este tipo. Así quedó definido tras la reunión que el gobernador Jorge Capitanich mantuvo con representantes del Consejo Originario de Organizaciones Sociales y Comunitarias del Gran Barrio Toba.
“Avanzamos en la definición para tomar el modelo de gestión social indígena”, precisó la funcionaria tras la reunión que se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. El objetivo es “asegurar la participación de la comunidad originaria, no como un regalo ni como un beneficio, sino como parte de la reparación histórica, política y ética hacia los pueblos indígenas”, subrayó tras el encuentro la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Elizabeth Guadalupe Mendoza.
En el nuevo esquema, el Estado provincial tendrá un rol central, ya que posee una responsabilidad indelegable en materia educativa. “Para el caso de esta reparación histórica, el Estado cogestionará la administración escolar”, reveló Mendoza. Durante el encuentro con el gobernador, los integrantes del Consejo Originario de Organizaciones Sociales y Comunitarias del Gran Barrio Toba, que agrupa a doce asociaciones indígenas, abordaron un amplio temario a fin de comenzar a definir una agenda de trabajo conjunto focalizada en la transformación de la institución educativa. Pero además dialogaron sobre la necesidad de una mejora edilicia y otros temas vinculados con las condiciones de infraestructura del barrio como desagües cloacales y viviendas.
GESTIÓN SOCIAL INDÍGENA
La subsecretaria Mendoza explicó que la escuela de gestión privada será desde el próximo ciclo lectivo una institución educativa de gestión social indígena, en la que las comunidades participarán de la conducción a través de un consejo comunitario o consejo asesor. El establecimiento terminará el presente ciclo bajo gestión privada el próximo 30 de diciembre, y luego se aplicará el nuevo modelo.
“En cuanto a la implementación es algo novedoso, pero no es nuevo en cuanto a que se trata de cumplir con los expectativas y reivindicaciones a los pueblos indígenas”, subrayó la funcionaria. En este sentido acotó que “hay una generación joven que viene trabajando fuertemente para la conducción escolar”.
CON LA META DEL TERCIARIO
La escuela del Barrio Toba continuará ofreciendo la educación básica pero la meta será, en el corto plazo, llegar a la educación superior. En tanto, durante la reunión las autoridades confirmaron que la segunda Escuela Provincial Indígena se localizará en el barrio MAPIC de Resistencia.
“Empezamos, el año que viene, con la escolaridad obligatoria: inicial, primaria y secundaria”, ratificó la subsecretaria Mendoza. Reveló asimismo que “existe un pre-acuerdo de traspaso con la Cruz Roja para el edificio escolar y se preserva el derecho laboral de los docentes”.
“El terciario es un sueño. Queremos que los jóvenes tengan una salida laboral que sirva para el proyecto comunitario y que sean útiles para la sociedad”, agregó por su parte Claudio Ojeda, presidente del Consejo Originario.
OJEDA: “EL GOBERNADOR ENTENDIÓ NUESTRAS NECESIDADES”
Tras calificar al encuentro como “muy satisfactorio”, Ojeda, destacó que “el gobernador entendió la necesidad de la comunidad indígena”. “Desde el primer momento de su gestión, siempre trabajó para la comunidad y hoy está muy presente. Tiene muy claros todos los aspectos de la educación bilingüe e intercultural”, valoró.
Por otra parte, ponderó la buena predisposición del primer mandatario chaqueño para avanzar en las gestiones para el nuevo edificio donde funcionará la escuela. “Agradecemos al gobernador el interés por todos los temas de la comunidad”, concluyó.
El Gran Chaco Americano ocupa una superficie de un millón de kilómetros cuadrados sobre Argentina, Bolivia y Paraguay y en él sobreviven 200 mil integrantes de 15 pueblos originarios. Hoy, representantes de comunidades indígenas de ese territorio se reunirán con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para reclamar por el desmonte y el “genocidio étnico”. El encuentro se realiza en el marco del encuentro trinacional de la Semana de los Pueblos Indígenas, en la que los dirigentes de esas comunidades debaten sobre un problema en común: el incumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales que reconocen los derechos a la tierra de las comunidades contra el avance de la frontera agrícola sojera, las empresas forestales y de hidrocarburos sobre las recursos naturales que mantienen su modo de vida ancestral. El encuentro se realiza hasta el jueves en Buenos Aires con el lema “somos vida, somos tierra, queremos justicia”. Antes de la reunión en la Corte Suprema, Página/12 se reunió con referentes indígenas del Gran Chaco para repasar reclamos y reivindicaciones.
“No podemos vivir peleando unos con otros. Pero hasta ahora los derechos indígenas fueron vulnerados. Por eso, aquí estamos las autoridades originarias de los pueblos de las tres naciones para solicitar a los gobernantes y los magistrados que cumplan con la ley para que podamos recuperar nuestros territorios, nuestra autoestima, nuestra identidad cultural, orgullosos de la herencia de los antepasados y no ya avergonzados como antes”, indicó el referente guaraní Quintin Valerosa Cuellar, de Yacuiba, Bolivia.
El cacique wichí Dino Salas, que llegó desde la localidad salteña de San Ignacio de Loyola para encabezar mañana la reunión con Ricardo Lorenzetti. En el encuentro, los dirigentes llevarán su preocupación por “la excesiva lentitud en los procesos judiciales y administrativos” en temas como el “genocidio étnico” que sufre el pueblo toba en El Impenetrable chaqueño y los desmontes ilegales en la provincia de Salta, problemáticas por las que la Corte Suprema ya se expidió en 2007 y 2009, respectivamente. “A pesar de la declaración de la Corte Suprema de parar el desmonte en cuatro departamentos, venimos a solicitar que se resguarden a las familias que, aún hoy, están amenazadas por desalojo en sus tierras ancestrales”, apuntó Salas.
La demora en el incumplimiento de una orden de la Corte Suprema desató entre los referentes del Gran Chaco el reclamo por la aplicación de las legislaciones nacionales e internacionales que aseguran los derechos preexistentes de los pueblos originarios (ver aparte). Por eso, el coordinador del programa trinacional, Alipio Valdez, indicó que “no hay por parte de los gobiernos un reconocimiento que se traduzca en la titularización de los territorios y las tierras de los pueblos siguen estando sujetas a la expansión de las empresas agropecuarias, forestales y petroleras”. Además, Valdez subrayó que “en el Chaco (Americano) el problema es más grave porque sigue siendo una región marginal para los tres estados”.
Por la riqueza natural que ubica al Gran Chaco como quinta prioridad entre los hábitats más significativos en recursos genéticos y diversidad biológica, según un estudio del Banco Mundial, las actividades extractivas de los recursos naturales se extienden en los tres países. “En ninguno de los tres países los gobiernos consultan a los comunidades antes de que las empresas entren a desmontar para plantar soja, realizar pozos petroleros o comprar tierras para el ganado. Como dicen los políticos, ‘la torta tiene que ser repartida’. El pueblo indígena busca su economía y los gobiernos tienen que facilitárselo”, sentenció Sixto Codutti, representante del pueblo toba de Pampa del Indio, Chaco. “No estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de ningún beneficio que pueda alcanzar a toda la humanidad, pero sí estamos en contra de que no se respete a la Madre Tierra”, aclaró Cuellar, para los escépticos.
Fuente: Pag.12
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